Resumen: Las resoluciones impugnadas impusieron penalidades al contratista por no cumplir con los ratios mínimos de personal exigidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, las cuales son recurridas alegando que no son imputables al contratista los déficits de personal, pues la falta de personal sanitario se produce como consecuencia de la situación epidemiológica generalizada derivada del COVID. En la sentencia se considera que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la obligación del contratista de mantener, como mínimo, la estructura de personal recogida en el pliego de prescripciones técnicas, y que se llevaron a cabo los correspondientes requerimientos por la administración dirigidos a la recurrente para que subsanara el déficit de personal ATS, en el procedimiento previo a la imposición de penalidades, estando sometido el adjudicatario a lo expresamente contemplado en los pliegos, donde la falta de personal se tipificaba como incumplimiento grave. La sentencia entiende que hubo dificultades en la contratación de personal sanitario durante el tiempo de mayor virulencia de la pandemia, pero que las mismas no son apreciables en los meses de julio a octubre de 2021 aquí contemplados, por lo que dicho incumplimiento no puede subsumirse en una imposibilidad de contratación debida a causa de fuerza mayor provocada por la situación epidemiológica. En consecuencia, se desestima el recurso.
Resumen: Las cuestiones en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son: Determinar a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 148 y 183/2021 más las sentencias 60 y 190/2022 de esta Sala, el alcance y las consecuencias que se derivan en relación con la habilitación conferida a la autoridad competente delegada de la comunidad autónoma para el dictado, a efectos del estado de alarma, de órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de las previsiones contenidas en el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 parcialmente declarado inconstitucional por aquella.
